La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió hoy en ley por unanimidad un proyecto que amplía el "Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas", sumando a más de 400 veteranos de la guerra de 1982 que habían quedado excluidos de los beneficios jubilatorios.

La nueva normativa, que recibió 66 votos afirmativos y ningún rechazo, incorpora a excombatientes que solicitaron la baja o el retiro entre 1983 y 1985 como consecuencia de las secuelas físicas o psicológicas de la guerra.

Además, la iniciativa cubre a aquellos veteranos que no continuaron su carrera o no fueron derivados a puestos dentro del Estado provincial tras el conflicto.

El monto del haber equivale al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública bonaerense, e incluye la totalidad de los subsidios mensuales vigentes.

El requisito para los veteranos de Malvinas a los fines de cobrar el beneficio es poder acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).

En el texto final se introdujeron modificaciones que impiden el acceso al beneficio a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o militares sancionados por incumplimientos durante la guerra.

El proyecto fue elaborado por los senadores oficialistas de Unión por la Patria, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y había logrado la media sanción el año pasado.

La aprobación en Diputados fue por unanimidad, incluyendo a la oposición de La Libertad Avanza, que a través de un comunicado consideró que se trata de una “reparación histórica”.

“Es fundamental que, luego de tanto tiempo, este grupo de excombatientes, que muchas veces no fueron tratados como se merece por parte del Estado, tenga un reconocimiento que vienen peleando desde hace tiempo. Esta reparación histórica no es de un espacio político sino de todos los argentinos que le debemos el sacrificio que hicieron por nuestra patria”, expresó el diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juanes Osaba.

La iniciativa había sido objeto de críticas de parte del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que advirtió que la propuesta original podía beneficiar a represores de la dictadura.

A raíz de esos cuestionamientos, el proyecto volvió al Senado el mes pasado y este lunes la Cámara baja ratificó los cambios.